Rev. Amaz. Cienc. Econ. 2(1), e434, doi: 10.51252/race.v2i1.434
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Original article
Ene-Jun, 2023
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e-ISSN: 2810-8825
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Participación ciudadana y gobernabilidad democrática en
gobiernos locales
Citizen participation and democratic governance in local governments
Vílchez-Vargas, Nilber1*
1Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú
Recibido: 15 Set. 2022 | Aceptado: 30 Nov. 2022 | Publicado: 20 Ene. 2023
Autor de correspondencia*: vilchez1175@gmail.com
Cómo citar este artículo: Vílchez-Vargas, N. (2023). Participación ciudadana y gobernabilidad democrática en gobiernos
locales. Revista Amazónica de Ciencias Económicas, 2(1), e434. https://doi.org/10.51252/race.v2i1.434
RESUMEN
El presente estudio analizó la participación ciudadana en los gobiernos locales para alcanzar una gobernabilidad
democrática que permita una adecuada gestión municipal, por tanto, tuvo por objetivo determinar las
características de la participación ciudadana y gobernabilidad democrática de los gobiernos locales de la
provincia de Mariscal Cáceres; mediante el diseño descriptivo, y el cuestionario como instrumento, aplicado a 90
trabajadores municipales y 362 ciudadanos; el registro de observación aplicado en las áreas administrativas de
las cinco municipalidades y la pauta de entrevista, aplicado a los cinco alcaldes. Los resultados demostraron que,
tanto la participación ciudadana y gobernabilidad democrática en la mayoría de sus dimensiones se encuentran
en un nivel intermedio. Concluyendo que, los gobiernos locales tienen una media participación ciudadana y
gobernabilidad democrática que amerita una propuesta de inversión que genere una mayor gobernanza.
Palabras clave: participación ciudadana; gobernabilidad democrática; gestión local
ABSTRACT
The present study analyzes citizen participation in local governments to achieve democratic governance that
allows adequate municipal management. Its objective was to determine the characteristics of citizen
participation and democratic governance of the local governments of the province of Mariscal Cáceres; using a
descriptive design, and how instruments were used the questionnaire, which was applied to 90 municipal
workers and 362 citizens; the observation register applied in the administrative areas of the five municipalities
and the interview guideline, applied to the five mayors. The results were that both citizen participation and
democratic governance in most of its dimensions are at an intermediate level. In conclusion, local governments
have a half citizen participation and democratic governance that merits an investment proposal that generates
greater governance
Keywords: citizen participation; democratic governance; local management
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1. INTRODUCCIÓN
La participación ciudadana en la gobernabilidad democrática, solo es posible si los países han alcanzado
una ciudadanía plena, para ello, el gobierno debe ser democrático fundamentada en un gobierno
representativo. Para ello, es necesario que haya elecciones transparentes, sufragio inclusivo, partidos
políticos autónomos, gobierno electo por los ciudadanos mediante sufragio universal.
La democracia, implica garantizar los derechos fundamentales del ser humano, en aras de asegurar el
acceso pleno a la justicia, respeto a las libertades civiles y los derechos sociales e igualdad, donde, el control
del gobierno se de por un parlamento eficiente, por un poder judicial independiente, por medios de
comunicación íntegros e independientes. Por otro lado, la administración del gobierno debe ser imparcial,
donde no haya cabida para la corrupción y la impunidad. La participación ciudadana, debe fundamentarse
en participación electoral, democracia directa, y elecciones sub nacionales (International Institute for
Democracy and Electoral Assistance, 2017).
La corrupción es un mal social que atenta contra la democracia en todo el mundo. Deacuerdo a lo publicado
por la Cámara de Comercio de Lima (2018), de un total de 180 países considerados en el estudio, tomando
como base una escala de 100 puntos, los países con menos índices de corrupción son Nueva Zelanda (89
puntos), Dinamarca (88 puntos), Finlandia (85 puntos), Noruega (85 puntos) y Suiza (85 puntos). Mientras,
que el Perú obtuvo un puntaje de 37 y ocupa el puesto 96.
El Perú, en el ámbito latinoamericano es visto como un país que no ha logrado consolidar su democracia,
porque, de acuerdo al análisis comparado de las democracias latinoamericanas se ha obtenido tres grupos
diferenciados, el primero formado por Uruguay, Chile, Panamá y Costa Rica, con el nivel más alto de calidad;
el segundo grupo formado por Paraguay, Guatemala, Colombia, Honduras, Ecuador y Venezuela, con el nivel
más bajo de calidad; el tercer grupo está formado por los países restantes, dentro de ellos el Perú; es decir,
estos países tienen un nivel intermedio de calidad (Rivas Leone, 2015).
Asimismo, los actos de corrupción se generan porque las instituciones del estado son débiles, en donde la
gobernabilidad es ejercida por líderes influenciados solamente por sus intereses personales o de grupo, lo
cual va en desmedro de los intereses colectivos del ciudadano. La corrupción se ha mantenido incólume en
nuestra época republicana. Por ello, Tunque (2017) menciona que en el reciente Informe de la Defensoría
del Pueblo, denominado “Radiografía de la corrupción en el Perú”, la corrupción genera una pérdida anual
de S/. 12 600 000 000, siendo el 10% del presupuesto nacional. Además, la corrupción se da en los tres
niveles de gobierno, poniendo en peligro la gobernabilidad.
En la provincia de Mariscal Cáceres, ha existido problemas de gobernabilidad en los últimos 20 años, las
autoridades ediles han sido cuestionadas por indicios de corrupción y actos delictivos contra la vida, el
cuerpo y la salud.
Por los hechos suscitados en la provincia de Mariscal Cáceres, tal como lo contempla el párrafo anterior,
nos fundamentamos en la realización del presente estudio, que analiza la participación ciudadana y
gobernabilidad democrática de gobiernos locales de la provincia de Mariscal Cáceres.
En cuanto a participación ciudadana, existen investigadores que lo abordan de diferentes perspectivas, tal
como Trujillo Castro (2016), quien alude que, los partidos políticos deben promover los mecanismos de
participación ciudadana, estableciendo reglas claras de participación, con el fin de fortalecer los vínculos
entre los partidos políticos y la ciudadanía, para consolidar la institucionalidad del sistema de partidos
políticos en el país (p. 283).
Rodríguez (2014) considera que, la participación social consiste en la contribución que realiza el entorno
educativo en cuanto al aprender a convivir, porque en este espacio de formación, se trata aspectos
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fundamentales como la responsabilidad, capacidad de escucha, capacidad de diálogo, aprendizaje,
evaluación y trabajo en equipo de los agentes educativos (p. 262).
A su vez, Campos Jiménez (2014) alude que la participación ciudadana consiste en la actuación de los
ciudadanos en los asuntos públicos, en donde la voluntad del ciudadano, sus ideas, o demandas se verán
reflejadas en las directrices y programas políticos, que los poderes públicos desarrollarán, haciendo un
estudio comparado en los tres niveles de gobierno (p. 407).
En este sentido, Rodríguez Fernández (2014) sostiene que la participación ciudadana, es un derecho que
tienen las personas, y consiste en la oportunidad para generar nuevos mecanismos de participación en
donde el ser humano se desvincule del monopolio consumista y de aspectos materiales; el fin supremo de
la participación ciudadana debe ser mejorar la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos, en donde no
se interponga una interpretación neoliberal (p. 669).
Por su parte, Moreno Trejo (2017) infiere que a mayor participación ciudadana mejor se efectiviza el
presupuesto participativo, referentes a los siguientes aspectos: se ejecuta mejor la distribución, se pone en
acción los mecanismos de planificación y concertación, se pone en marcha los mecanismos de rendición de
cuentas, y se informa adecuadamente sobre los resultados de la ejecución del presupuesto participativo (p.
87).
Al respecto, Aguilar Cruz (2015) afirma que la metodología participativa se expresa a través de la
democracia directa y representativa en donde la inclusión social, especialmente de las mujeres, jóvenes y
grupos sociales tradicionalmente excluidos por el estado, en donde muchos de ellos pertenecen a la zona
rural; debe ser la base fundamental para realizar un trabajo concertado, en donde participen todos los
actores involucrados, haciendo uso de una democracia plena, con el fin de dar solución a los problemas de
los ciudadanos de acuerdo a la prioridad de necesidades; además, es fundamental que las actividades de
solución a dichas necesidades se inserten en el Plan de Desarrollo Concertado, considerando de manera
articulada su ejecución en el Presupuesto Participativo (p. 65).
Melgar Neyra & Pflucker Grandez (2017) sostienen que, la participación ciudadana admite que la sociedad
civil se involucre de manera organizada en la toma de decisiones respecto a proyectos y obras; gracias al
conocimiento que tienen sobre los recursos presupuestales con que cuentan (p.45).
Para Valdiviezo Del Carpio (2013), la participación ciudadana es un conjunto de sistemas o mecanismos, a
través de los cuales la sociedad civil, están facultadas para formar parte de las decisiones públicas, o
influenciar en las mismas, de tal manera que dichas decisiones favorezcan a sus intereses individuales y
colectivos (p. 1).
Por su parte, Espinosa (2009) alude que la participación ciudadana es la relación entre la sociedad y el
estado, lo cual permitirá analizar las experiencias, fenómenos y modelos, eliminando de esta manera el
mito sobre la supuesta enorme distancia que existe entre el estado y la sociedad (p. 15).
Al respecto, la Ley Nº 27972, en el artículo 113, establece que la participación de los vecinos en una
determinada jurisdicción de influencia de los gobiernos locales, se ejerce a través de los siguientes
mecanismos de participación ciudadana: 1) Derecho de elección a cargos municipales, 2) Iniciativa en la
formación de dispositivos municipales, 3) Derecho de referéndum, 4) Derecho de denunciar infracciones y
de ser informado, 5) Cabildo Abierto, 6) Participación a través de Juntas Vecinales, comités de vecinos,
asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal, y por
último, 7) Comités de gestión (Ley N° 27972, 2003).
La Ley N° 27933, establece que las juntas vecinales, forman parte el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana (SINASEC), en donde los vecinos pueden hacer sentir su voz mediante la implementación de
políticas referentes a seguridad ciudadana para su respectiva jurisdicción; en este propósito, los
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ciudadanos deben organizarse en Juntas Vecinales, formando comités de acuerdo a los niveles de gobierno
establecidos en su jurisdicción (Ley N° 27933, 2014).
Por otro lado, la Ley N° 28056 establece que para la programación participativa del presupuesto, se da
mediante instancias de participación, lo cual está constituido por los siguientes consejos de participación:
“Consejo de coordinación regional, Consejo de Coordinación Local Provincial, y, Consejo de Coordinación
Local Distrital” (Ley N° 28056, 2003).
Referente a gobernabilidad democrática, los aportes realizados por los investigadores fueron:
Sobre el particular, Giraldo Hernández (2015) infiere que a través de la gobernanza global se logra la
justicia social, en donde el respeto íntegro del ser humano implique el reconocimiento de sus derechos y
empoderamiento de capacidades, que son la fuente de las exigencias de justicia social. (p, 285).
Por su parte, Sosa López (2015) alude que la administración del gobierno ha evolucionado hasta adoptar
un presupuesto basado en resultados para toda la administración pública. Para ello, se ha implementado
un sistema de evaluación de estas políticas basada en resultados, la cual medirá el nivel de desempeño en
los tres niveles de gobierno (p. 233).
Velásquez Ramírez (2014) concluye que, en las democracias contemporáneas, el pilar fundamental del
estado moderno es la inclusión social, lo cual fue una conquista del hombre a través de la historia, la misma
que debe ser defendida a través de las luchas, porque de ello depende la calidad de vida de una sociedad
(p. 144).
Al respecto, Leyton Falen (2017) concluye que la garantía de gobernabilidad está dada por el sistema
electoral integrado, en los expertos internacionales en sistemas electorales, y ciudadanos del Perú (p. 150).
La gobernabilidad debe ser entendida como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las
demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera
legítima y eficaz” (Mayorga F. & Córdova E., 2007, p. 1).
La OEA (2007), estableció indicadores para determinar la gobernabilidad, correspondiente a una
determinada gestión. Estos indicadores, son: Voz y rendición de cuentas, Estabilidad política y ausencia de
violencia, Efectividad gubernamental, Calidad regulatoria, Estado de Derecho, Control de la corrupción.
Por su parte, Camou (2020) considera que los grados de la gobernabilidad que se da en el ejercicio de la
gestión del gobierno, en sus tres niveles de gestión son: “gobernabilidad ideal, gobernabilidad normal,
déficit de gobernabilidad, crisis de gobernabilidad e Ingobernabilidad” (p. 31).
Por consiguiente, es fundamental que los gobiernos locales reflexionen sobre la importancia de la
convivencia para la buena gobernanza, porque no es correcto que frente a los problemas sociales se actúe
con la fuerza, dejando de lado el diálogo directo entre gobernantes y gobernados.
En este sentido, Verástegui Ledesma (2016) sostiene que los casos de Bagua y Conga, por la forma en cómo
sucedieron nos lleva a replantear los criterios a tener en cuenta en la construcción de la nación en el Perú,
la cual debe hacerse en función del pluralismo, la deliberación, la tolerancia y la solidaridad. Mucha de las
veces los problemas pendientes en el proceso de construcción de la nación responden a situaciones étnicas
y raciales, por otro lado, es importante la inclusión partidaria y estatal, bajo el liderazgo de los partidos
políticos (p. 59).
Según la Ordenanza Regional N° 017-2015-GRSM/CR, GORESAM (2015), son seis los componentes de
desarrollo de la región San Martín, y se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo Regional, San
Martín al 2021. El componente 1, trata sobre derechos humanos e inclusión social. El componente 2: trata
sobre oportunidades y acceso a los servicios. El componente 3, trata sobre el estado y gobernabilidad. El
componente 4, trata sobre economía diversificada, competitividad y empleo. El componente 5, trata sobre
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el desarrollo territorial e infraestructura productiva. El componente 6, trata sobre ambiente, diversidad
biológica y gestión del riesgo de desastres.
Los seis componentes contemplados en el Plan de Desarrollo Regional de San Martín al 2021, establece
diferentes variables como parte de dichos componentes, en donde se utilizará diversas estrategias para
enfrentar de manera articulada la problemática regional, con el fin de convertir las debilidades en
fortalezas, lo cual se evidenciará en el mejoramiento progresivo de la calidad de vida de los ciudadanos, en
donde el aprovechamiento de los recursos bióticos y abióticos se realizaran de manera sostenible y
planificada, permitiendo de esta manera la conservación de los recursos megadiversos para el disfrute de
futuras generaciones.
Es importante precisar, que la región San Martín cuenta con diversos recursos naturales, como son los
recursos hídricos; recursos en cuanto a flora y fauna, así como de importantes zonas destinadas a
actividades agropecuarias y actividades turísticas, complementadas con la diversidad cultural, lo cual
corresponde a las comunidades nativas y los grupos sociales formados como consecuencia de las
migraciones en las diversas etapas de la historia regional.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El tipo de estudio fue cuantitativo, de diseño descriptivo, con una población de 119 trabajadores
municipales y la muestra 90 trabajadores, la población referente a los ciudadanos fue de 39 665 y la
muestra 362. Las técnicas e instrumentos de recolección de información fueron: entrevista en profundidad
con su instrumento pauta de entrevista, la técnica observación sistemática con su instrumento registro de
observación y la técnica de encuesta con su instrumento el cuestionario. La validez del cuestionario se
realizó mediante juicio de expertos y su confiabilidad pro KR20. La escala utilizada para interpretar los
resultados es: bajo = [0% - 34%]; intermedio = <34% - 67%] y alto = <67% – 100%].
3. RESULTADOS
Los resultados referentes a participación ciudadana, en el ámbito de la provincia de Mariscal Cáceres se
muestran en la Figura 1:
Figura 1. Resultados de participación ciudadana, en la provincia de Mariscal Cáceres
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Donde:
DECM: Derecho de elección a cargos municipales.
IFDM: Iniciativa en la formación de dispositivos municipales.
DR: Derecho de referéndum.
DDII: Derecho de denunciar infracciones y de ser informado.
CA: Cabildo Abierto.
JVC: Juntas vecinales y comunales.
CG: Comités de gestión.
PDES: Promoción del desarrollo económico social.
CL: Coordinación Local
Los resultados de la gobernabilidad democrática, en los gobiernos locales de la provincia de Mariscal
Cáceres se muestran en la Figura 2:
Figura 2. Resultados de la gobernabilidad democrática en la provincia de Mariscal Cáceres
Donde:
DHIS: Derechos humanos e inclusión social.
OAS: Oportunidades y acceso a los servicios.
EG: Estado y Gobernabilidad.
EDCE: Economía diversificada, competitividad y empleo.
DTIP: Desarrollo territorial e infraestructura productiva.
ADBGRD: Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastres.
4. DISCUSIÓN
La participación ciudadana en los gobiernos locales de la provincia de Mariscal Cáceres, en cuanto al
derecho de elección en cargos municipales fue alta, con el 100% de cobertura ofrecida por cada uno de los
10 partidos políticos que participaron en la contienda electoral del año 2014. Ello, implica que hubo un
buen trabajo por todos los actores políticos, al respecto, Trujillo Castro (2016) concluye que los partidos
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políticos deben promover los mecanismos de participación ciudadana, estableciendo reglas claras en
donde se genere espacios de participación plena.
La participación ciudadana, referente a iniciativa en la formación de dispositivos municipales es alta, con
el 75%. Es decir, se emprendieron a favor del ciudadano: ordenanzas municipales, acuerdos de concejo,
resoluciones y decretos municipales; generando de esta manera oportunidades al ciudadano para
intervenir en los asuntos públicos de su localidad. Lo manifestado, coincide con los estudios realizados por
Campos Jiménez (2014) quien concluye que la participación ciudadana es la actuación de la ciudadanía en
los asuntos públicos, en donde la voluntad del ciudadano, sus ideas, o demandas se verán reflejadas en las
directrices y programas políticos, que los poderes públicos desarrollaron, haciendo un estudio comparado
en los tres niveles de gobierno.
Si la gestión municipal no responde a los intereses de la ciudadanía, pueden ejercer el mecanismo de
revocar a la autoridad municipal a través del su derecho a referéndum, siempre y cuando hayan cumplido
con las disposiciones legales para este tipo de casos. En la gestión de los gobiernos locales correspondiente
al periodo 2014 – 2018, no se realizó referéndum revocatorio. Por otro lado, los ciudadanos no han ejercido
su derecho de denunciar infracciones y de ser informado, sobre todo en el desarrollo de obras públicas y el
servicio de atención al ciudadano, probablemente por el escaso conocimiento de los procedimientos que se
tienen que realizar en la parte administrativa y sus consecuencias que estas implican.
En este sentido, la Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley N° 28056, establece que el ciudadano debe
participar a través las instancias establecidas, en donde debe ser protagonista en el proceso de
programación participativa del presupuesto, mediante el Consejo de Coordinación Local implica, que debe
conocer referente a las obras públicas y alertar a la autoridad edil en caso de tomar conocimiento sobre
alguna irregularidad.
En cuanto, a la atención al ciudadano, los gobiernos locales deben dar un servicio de calidad, con el
propósito de llevar una convivencia excelente entre trabajador municipal y usuario. Sobre el particular,
Rodríguez (2014) sostiene que la participación social consiste en la en el aporte del entorno educativo a la
persona humana, porque es un espacio en donde se aprende a convivir y se vivencian valores importantes
como la responsabilidad, capacidad de diálogo, capacidad de escucha, trabajo en equipo, planificación,
aprendizaje y evaluación de todos los agentes educativos.
Una de las formas de ejercer la democracia directa, es a través de los cabildos abiertos, porque la autoridad
edil tiene la oportunidad de escuchar de manera directa a los ciudadanos, referente a su gestión municipal.
Sin embargo, los gobiernos locales, correspondiente al periodo 2014 - 2018 alcanzaron el 42%, lo cual lo
ubica en un nivel intermedio, en su implementación de dicho mecanismo de participación ciudadana.
Sobre el particular, es fundamental lo señalado por Aguilar Cruz (2015) quien manifiesta, que la
metodología participativa se expresa a través de la democracia directa y representativa en donde la
inclusión social, especialmente de las mujeres, jóvenes y grupos sociales tradicionalmente excluidos por el
estado, en donde muchos de ellos pertenecen a la zona rural; debe ser la base fundamental para realizar un
trabajo concertado, en donde participen todos los actores involucrados.
El gobierno local, en aras de involucrar a la ciudadanía en la gestión municipal, promueve, asesora,
respalda, implementa y/o financia las juntas vecinales y comunales, porque ayudan a dar sostenibilidad a
la buena gobernanza. La implementación de juntas vecinales y comunales en la gestión de los gobiernos
locales, periodo 2014 – 2018, fue del 70%, ubicándose en un nivel alto. En cuanto, a la implementación de
comités de gestión, como: comité de juventudes, comité de programas sociales y comité de seguridad
ciudadana; el resultado fue del 47%; ubicándose en un nivel intermedio.
Sobre el particular, la Ley N° 27933, establece que los ciudadanos pueden hacer sentir su voz mediante la
implementación de políticas en cuanto a seguridad en su territorio; para concretar su participación, se
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deben organizar en Juntas Vecinales, cuyos comités deben constituirse de acuerdo a los niveles de gestión
de su jurisdicción.
Referente a la promoción del desarrollo económico social por parte de los gobiernos locales, el resultado
fue del 60%, ubicándose en un nivel intermedio. El desarrollo económico social, da la oportunidad a la
autoridad edil para crear nuevos mecanismos de participación ciudadana, en aras de involucrar a la
población más necesitada en el proceso económico de la localidad. En este sentido, Rodríguez Fernández
(2014) sostiene que la participación ciudadana, es un derecho de las personas, y debe ser la oportunidad
para generar nuevos mecanismos de participación en donde el ser humano se desvincule del monopolio
consumista y de aspectos materiales; el fin supremo de la participación ciudadana debe ser mejorar la
calidad de vida y bienestar de los ciudadanos, en donde no se interponga una interpretación neoliberal.
Los gobiernos locales deben tener presente que el mecanismo de coordinación local, es fundamental para
desarrollar un trabajo concertado y articulado con los tres niveles de gobierno. En este sentido, la Ley N°
28056, establece, que los ciudadanos pueden participar en el proceso de programación participativa, a
través de las instancias establecidas; estas instancias corresponden a los consejos de participación: el
Consejo de Coordinación Regional; el Consejo de Coordinación Local Provincial; el Consejo de Coordinación
Local Distrital.
En cuanto a derechos humanos e inclusión social, los gobiernos locales obtuvieron el 64%, ubicándose en
un nivel intermedio. Mientras que, en la generación de oportunidades y acceso a los servicios, el resultado
fue de 51%, ubicándose en un nivel intermedio. Estos resultados, nos lleva a deducir que no se ha alcanzado
una democracia plena, en vista que solo en democracia es posible los derechos humanos e inclusión social,
lo cual debe materializarse con la generación de oportunidades y acceso a los servicios de todos los
ciudadanos.
En este sentido, Velásquez Ramírez (2014) manifiesta que en las democracias contemporáneas, la inclusión
social, fue una conquista del hombre a través de la historia, la misma que debe ser defendida a través de
las luchas, porque de ello depende la calidad de vida de una sociedad
En cuanto a estado y gobernabilidad, el resultado fue del 58,5%; ubicándose en un nivel alto. Sin embargo,
dicho resultado se encuentra próximo al límite inferior de dicho nivel, por lo cual es necesario que las
autoridades ediles trabajen arduamente por mantener el crecimiento y sostenibilidad de la gobernabilidad.
Al respecto, Giraldo Hernández (2015) quien alude que a través de la gobernanza global se logra la justicia
social, en donde se respete la dignidad del ser humano a través del reconocimiento de sus derechos y
empoderamiento de capacidades, que son la fuente de las exigencias de justicia social.
5. CONCLUSIONES
Referente a participación ciudadana impulsado por los gobiernos locales de la provincia de Mariscal
Cáceres, la mayoría de mecanismos de participación ciudadana se encuentran en un nivel intermedio.
Siendo, el mecanismo de derecho de elección a cargos municipales, el que se ha desarrollado con mayor
éxito, obteniéndose una puntuación del 100%, ubicándose en un nivel alto. Caso contrario, fue con los
mecanismos de participación ciudadana derecho de referéndum y derecho de denunciar infracciones, en
donde las puntuaciones obtenidas fueron del 0% en ambos casos.
Referente a gobernabilidad democrática de los gobiernos locales de la provincia de Mariscal Cáceres, la
mayoría de dimensiones se encuentran en un nivel intermedio. Siendo, la dimensión desarrollo territorial
e infraestructura productiva, la que se desarrolló con mayor éxito, alcanzando el 74%, ubicándose en un
nivel alto. Caso contrario, pasó con la dimensión economía diversificada, competitividad y empleo,
alcanzando la menor puntuación, la cual fue del 13%, ubicándose en un nivel bajo.
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Por lo tanto, los gobiernos locales requieren de asesoramiento continuo para mejorar aspectos de
participación ciudadana y gobernabilidad democrática.
FINANCIAMIENTO
Ninguno
CONFLICTO DE INTERESES
No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.
CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES
Conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, supervisión, redacción -
borrador original y redacción - revisión y edición: Vílchez-Vargas, N.
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